Cuando nos planteamos o nos plantean la posibilidad de invertir en el extranjero, siempre nos acechan las mismas cuestiones:

  • ¿El País en el que quiero invertir es estable?
  • ¿Su economía es solvente?
  • ¿Tiene un crecimiento sostenible?
  • ¿Hasta que punto pueden alterar su economía los cambios políticos que se producen?

La mejora de la situación económica mundial y la globalización de la economía ha hecho que los Estados necesitados de inversiones extranjeras, hayan materializado instrumentos que garanticen las inversiones públicas y privadas más allá de los acontecimientos políticos y económicos que pudieran producirse.

Entre estos instrumentos se encuentran los Acuerdos de Promoción y Protección Reciproca de Inversiones, conocidos como APPRIs.

¿Que son los APPRIs? Son tratados internacionales bilaterales firmados entre los Estados con el fin de fomentar y proteger el intercambio de inversiones entre personas físicas o jurídicas de distintos países.

España tiene en vigor más de setenta APPRIs que disponen protecciones sustantivas para las inversiones extranjeras.

Entre otras cuestiones, es habitual que los APPRIs incluyan protecciones frente a expropiaciones y, en caso de que hubiese alguna alteración sustancial, pagar al inversor extranjero el valor justo de mercado de la inversión afectada. Por ejemplo, el Acuerdo Para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de octubre de 2006, protege inversiones de mejicanos en España, ya sean personas físicas o jurídicas. Dicho Tratado dispone en su artículo V que España no “expropiará o nacionalizará una inversión, directa o indirectamente a través de medidas equivalentes a expropiación o nacionalización”. En ese caso, el Tratado dispone que el Estado debe pagar una indemnización “equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la expropiación se haya llevado a cabo”.

En sentido similar, el Acuerdo Para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Panamá, de 10 de noviembre de 1997, protege inversiones de panameños personas físicas o jurídicas en España, incluyendo “acciones, títulos, obligaciones y cualquier otra forma de participación en sociedades”. También dicho Tratado protege “derechos a dinero o a cualquier otra prestación contractual que tenga un valor económico”. El artículo VI del Tratado establece que las inversiones de inversores panameños “no serán sometidas a nacionalización, expropiación ni a cualquier otra medida de efectos similares”. Y añade que, en caso de expropiación, deberá pagarse al inversor una indemnización “equivalente al justo valor de mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de que se adopte la medida de expropiación”.

Otros APPRIs firmados por España contienen un lenguaje similar tales como aquellos firmados con Concretamente España tiene firmados en  Latinoamérica tratados vigentes con Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panamá, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela y tiene el tratado en periodo de remanencia con Bolivia.

Esto nos lleva a concluir que sus inversiones están totalmente aseguradas y que los inversores están protegidos por los acuerdos bilaterales firmados entres sus países de origen y el Reino de España.